El 16 de julio de 2026, Jaime Maussan anunció en su canal de YouTube la incorporación de Lue Elizondo a su equipo. Elizondo, el ex agente de inteligencia cuya renuncia al Pentágono en 2017 dio el puntapié inicial a la actual ola desclasificatoria, explicó su presencia en la televisión mexicana con una declaración que merece atención: su objetivo es incluir a Latinoamérica en el proceso de desclasificación.
La elección del escenario no es un detalle menor. Maussan es una figura que genera reacciones encontradas dentro y fuera de la comunidad ufológica. Lleva décadas documentando el fenómeno cuando nadie en los medios serios lo tomaba en cuenta, y la audiencia del Congreso estadounidense de julio de 2023 le dio una legitimación retrospectiva parcial — no porque sus métodos fueran validados sino porque el contenido de lo que venía diciendo resultó coincidir, al menos en parte, con lo que los propios denunciantes del gobierno estaban confirmando. Ese no es un mérito menor.
Incluir o cooptar
Sin embargo, la introducción de las momias tridáctiles en esa misma audiencia generó una reacción de descarte casi instantánea por parte del establishment científico y mediático. Lo que rara vez se menciona es que ese descarte fue político antes que científico: existe una investigación del equipo mexicano, con papers y un proceso de revisión propio documentado en tridactils.com, que el establishment ignoró sin tomarse el trabajo de examinarla en detalle. Hasta donde se sabe, ninguno de los críticos que descartaron las momias se dignó a revisar esa investigación punto por punto — lo cual no prueba que las momias sean auténticas, un caso que además arrastra sus propios problemas de credibilidad de manera independiente. Pero reproduce exactamente el mismo mecanismo que criticamos cuando el proceso oficial ignora la casuística latinoamericana sin examinarla: el descarte como sustituto del análisis.
En los comentarios del video de presentación, alguien señala que "Elizondo se asocia con Maussan porque él tiene las esferas de Buga", otro caso controvertido del investigador mexicano que comparte con las momias el mismo patrón — evidencia física que no encaja cómodamente en ninguna categoría convencional, aunque en este caso la falta de interés puede entenderse por las condiciones menos que óptimas que rodean la investigación. Como sea, la alianza podría ser algo más que una convergencia de figuras desacreditadas buscando audiencia mutua: Elizondo podría estar ahí para acceder a material físico concreto que Maussan controla, Maussan necesita la legitimidad institucional que el nombre de Elizondo todavía puede aportar en ciertos contextos.
La acusación más extendida en los foros sobre Elizondo es más antigua y más difícil de evaluar: que es un desinformador, y que su papel en todo el proceso desclasificatorio responde a ese propósito. La acusación se funda en su pasado como agente de contrainteligencia y tiene la virtud lógica de ser estructuralmente irrefutable — si Elizondo opera como desinformador, todo lo que hace, incluyendo negarlo, es parte de la operación. Lo que sí es verificable es un dato más modesto pero igualmente significativo: su libro tuvo que ser autorizado por el gobierno antes de publicarse. Alguien en el sistema decidió que su contenido era aceptable o conveniente. Eso no prueba que sea un desinformador, pero sí que no es un actor completamente independiente del sistema que supuestamente desafía.
Todo lo cual hace que su declaración sobre "incluir a Latinoamérica" merezca ser examinada con más cuidado que entusiasmo. Incluir y cooptar no son la misma operación aunque a veces usen el mismo vocabulario. Incluir reconoce una narrativa preexistente en sus propios términos. Cooptar la absorbe en los términos del que llega.
Lo que no necesita permiso de Washington
La casuística latinoamericana no necesita a Elizondo para ser válida. El caso del comandante Banjú — un personaje de apariencia completamente humana que durante seis meses en la embajada peruana en Quito entregó inteligencia militar real, mostró imágenes de un terremoto que mataría a veinte mil personas meses después, y operó con una agenda propia que no respondía a ningún gobierno terrestre — lleva documentado desde los años setenta con testimonios de funcionarios identificables. El caso tiene además un respaldo poco citado: el investigador ecuatoriano Jaime Rodríguez lo investigó en el terreno y entrevistó personalmente a los testigos, lo cual lo saca del terreno del rumor de café y lo coloca en la misma categoría que cualquier investigación testimonial seria — con las limitaciones propias de ese método, pero con un piso de verificación que muchas veces se le niega a la casuística latinoamericana sin razón. Los "apunianos" de Kapetanovic también son un caso de interacción con inteligencias no humanas que cuenta con testigos presenciales; y Freixedo, Albert Rosales y otros documentaron en varios países latinoamericanos casos de contacto prolongado con humanoides que no encajan en ninguna de las categorías que Washington reconoce como legítimas.
Si Elizondo realmente quiere incluir a Latinoamérica en el proceso desclasificatorio, el contenido de esa inclusión estará por verse. Por ahora solo tenemos un video de presentación y una declaración de intenciones. Lo que sí tenemos es una casuística latinoamericana documentada con rigor suficiente para no necesitar el permiso de Washington para ser tomada en serio. La pregunta que el proceso de Maussan y Elizondo tendrá que responder con hechos, no con declaraciones, es si esa casuística será incorporada en sus propios términos o simplemente reencuadrada dentro de la narrativa que Washington ya decidió que es aceptable contar. O si meramente será ignorada como hasta ahora.
El tablero y sus piezas
Para entender qué significa la aparición de Elizondo en la televisión mexicana hay que ver el tablero completo, porque el proceso de desclasificación estadounidense no es un movimiento lineal hacia la verdad sino un campo de fuerzas donde distintos actores empujan en direcciones que no siempre coinciden.
El primero y más difícil de clasificar es Avi Loeb. Como ya examinamos en otro artículo, el astrofísico de Harvard aceptó el rol de asesor científico de la AARO con una declaración que resume perfectamente su posición: si los fenómenos anómalos resultan ser tecnología de una nación adversaria, habrá prestado un servicio a la defensa de Estados Unidos; si resultan ser de origen no humano, será la noticia más importante de la historia de la humanidad. Es una apuesta que no puede perder en términos de legado personal, pero que tampoco puede ganar en términos de transparencia, porque en cualquiera de los dos escenarios, los resultados de su investigación pasarán por el filtro de una institución cuyo director anterior fue acusado de ocultar y tergiversar evidencia. Loeb es el actor más interesante del tablero precisamente porque su independencia intelectual está ampliamente documentada y su nueva posición la compromete estructuralmente sin que él parezca ignorarlo. En su sitio web, la entrada del 17 de julio lo muestra vistiendo la misma camiseta de siempre: "Mientras esperamos la final de la Copa del Mundo el 19 de julio de 2026, es oportuno recordar que, durante la última década, los astrónomos descubrieron tres objetos interestelares más grandes que un campo de fútbol mientras atravesaban el sistema solar interior: 1I/'Oumuamua, 2I/Borisov y 3I/ATLAS".
En el otro extremo del espectro interpretativo está J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, quien declaró sin eufemismos que lo que otros llaman extraterrestres o seres interdimensionales son, para él, demonios en el sentido religioso. La declaración generó una reacción adversa inmediata en los foros especializados, y la reacción es comprensible: no porque la interpretación demonológica sea absurda en sí misma — Salvador Freixedo señaló hace décadas que las tradiciones religiosas deberían tener menos resistencia ontológica que nadie ante la noción de inteligencias no humanas, dado que su propio panteón está poblado de ángeles y demonios — sino porque en boca del vicepresidente de los Estados Unidos esa interpretación no es teología sino política. Clasificar el fenómeno como demonológico produce el mismo efecto práctico que negarlo: cierra el expediente sin necesidad de examinarlo. No hay nada que investigar si uno sabe lo que es. Anticipándose a la objeción, utilizó el mismo argumento que Trump, asegurando que "llegará al fondo del asunto", aunque su posición ya parece tomada.
Entre Loeb y Vance, el proceso de desclasificación se mueve en un espacio cada vez más estrecho. Por un lado, el marco científico que Loeb representa promete rigor pero opera dentro de una institución con historial de ocultamiento. Por otro, el marco religioso que Vance instala públicamente sugiere que ciertos sectores del poder ejecutivo prefieren un enfoque que clausure antes que abra. Ninguno de los dos marcos, tomado solo, deja espacio para la pregunta que Leslie Kean formuló con una simplicidad devastadora: si existe evidencia biológica de origen no humano, ¿qué impide mostrarla a la comunidad científica internacional?
La respuesta que nadie ha dado oficialmente se deduce de la lógica del proceso: si los restos biológicos fueron recuperados dentro de aparatos de tecnología desconocida, esos restos pueden considerarse parte inseparable del sistema clasificado — no por su naturaleza biológica sino por su contexto de recuperación. Sería una excusa jurídicamente elegante y probablemente ya ha sido evaluada en caso de que la presión se haga insostenible. Un tejido orgánico dentro de una nave clasificada hereda la clasificación de la nave, como el contenido de una caja fuerte hereda el secreto de la caja aunque ese contenido sea una servilleta.
Bombas nucleares sobre ciudades
Naturalmente, un proceso de desclasificación donde se descubre que muchas teorías conspirativas eran ciertas trae aparejadas nuevas conspiraciones. El 26 de julio de 2023, mientras el Congreso escuchaba las declaraciones más explosivas de la desclasificación UAP y la atención mediática global estaba concentrada en Grusch, la DARPA y la NASA anunciaban la adjudicación de un contrato a Lockheed Martin y BWXT para desarrollar el DRACO — Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations — la primera nave espacial de propulsión nuclear estadounidense, con fecha de lanzamiento prevista para 2027. El sitio Forgotten Languages, fiel a su estilo, aprovecha la coincidencia para sugerir que el gobierno estadounidense está utilizando deliberadamente la desclasificación UAP como pantalla para poner en órbita sistemas capaces de lanzar proyectiles o bombas nucleares sobre ciudades desde el espacio, eludiendo el escrutinio del Congreso y de la opinión pública mientras ambos tienen la vista puesta en los UAP. Esto no es sólo otra muestra del humor retorcido y delirante que hace de Forgotten Languages un sitio tan original: muestra en acción un mecanismo archiconocido empleado por los gobiernos y los medios de comunicación masivos para apartar la atención de un tema mientras el mundo mira hacia otro lado.
El DRACO fue posteriormente cancelado o suspendido por razones presupuestarias y burocráticas. El autor del artículo conspiracionista se apresura a señalar que lo de las bombas sobre las ciudades era una broma, pero otra de sus afirmaciones podría no serlo: que el plan es hacerles creer a los congresistas en extraterrestres con el fin de que autoricen ciertos proyectos militares. Lo que sí sabemos es que 2027 — el año de lanzamiento previsto del DRACO, el año que Elizondo sugirió como fecha en que "todo quedará claro", el año del octogésimo aniversario de Roswell — concentra una convergencia de narrativas que difícilmente sea casual.
Los escenarios posibles para esa fecha son al menos tres. El primero es el del proyecto comprometido: algo estaba planeado y circunstancias internas — presupuestarias, políticas, o de otra naturaleza — lo modificaron o lo cancelaron, y lo que llegue en su lugar será presentado como cumplimiento parcial de una promesa que el público habrá olvidado en sus términos originales. El segundo es el del anuncio calibrado: algo concreto pero controlado — una confirmación oficial de la existencia del fenómeno sin revelar su naturaleza, documentos parcialmente desclasificados, o un hallazgo científico presentado bajo los auspicios de Loeb — suficientemente impactante para sostener la narrativa pero insuficiente para desestabilizar las estructuras de poder que la administran. El tercero, independiente de lo que ocurra o no ocurra, es el de la presión acumulada: una década de expectativa construida públicamente por figuras con credenciales institucionales genera una deuda narrativa que alguien tendrá que saldar de alguna forma, y las voces que reclamen una respuesta existirán en cualquiera de los escenarios anteriores.
Lo que los tres comparten es algo que vale la pena tener presente: 2027 no es una fecha astronómica ni un plazo legal vinculante. Es una fecha construida por actores con agendas propias, lo cual significa que su cumplimiento o incumplimiento no tendrá una interpretación única. Si ocurre algo significativo, será presentado como confirmación de lo que se venía anunciando. Si no ocurre nada, no faltará quien señale — como ya escribimos en otro lugar — que solo faltan veinte años para completar un largo siglo de espera.
Lo que el proceso no puede decir
Circula en los foros un rumor que, verificado o no, ilumina algo estructural: que David Grusch presentó ante una sesión informativa privada del Congreso en una SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility, instalación de información compartimentada de acceso restringido) evidencia directa de ADN no humano, y que esa evidencia fue tan impactante que dio origen a la redacción de la UAPDA (Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, o Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados). No podemos confirmar si esto es verdad. Lo que sí podemos observar es lo que implica si lo fuera.
Si existe evidencia biológica suficientemente impactante como para convencer al Congreso en privado, entonces la pregunta de Leslie Kean — por qué esa evidencia no puede mostrarse a la comunidad científica internacional — adquiere una dimensión que va más allá de la seguridad nacional. Porque la respuesta más probable, como ya señalamos, es que los restos biológicos recuperados dentro de aparatos de tecnología clasificada heredan la clasificación del contexto de recuperación. No por su naturaleza biológica sino por dónde estaban cuando los encontraron.
Lo cual produce una asimetría que el proceso de desclasificación no ha querido nombrar: existe una clase de verdad que circula dentro del poder — en los SCIF, en las sesiones informativas privadas, en los briefings clasificados — y una clase de verdad que se suministra a la ciudadanía a través de audiencias públicas, denunciantes con libros autorizados por el gobierno y figuras de credibilidad variable. Las dos no son la misma verdad. Y los congresistas convencidos no son prueba irrefutable para nadie que esté afuera del SCIF: son funcionarios que afirman haber visto algo que no pueden mostrar, lo cual desde el punto de vista epistemológico los coloca en la misma posición que cualquier testigo de contacto cuya experiencia tampoco puede verificarse desde afuera.
Un proceso de desclasificación que produce convicción privada sin evidencia pública verificable no es desclasificación. Es una redistribución selectiva del secreto hacia arriba en la jerarquía del poder.
Lo cual nos devuelve a la pregunta que atraviesa todo el tablero: si hay múltiples actores con múltiples agendas — Loeb buscando legitimidad científica dentro de una institución comprometida, Vance instalando un marco que clausura antes de abrir, Elizondo expandiendo el proceso hacia territorios donde la narrativa puede ser reencuadrada en términos convenientes, los denunciantes atrapados entre lo que saben y lo que pueden decir, y detrás de todo eso las hipotéticas facciones no humanas que postulamos en otro lugar con agendas que no necesariamente coinciden entre sí ni con las nuestras — ¿hay algún punto en el que todas estas líneas convergen?
Tal vez el proceso está diseñado precisamente para que esa pregunta nunca tenga una respuesta pública verificable, porque cambiaría demasiadas cosas que demasiados actores necesitan que permanezcan como están.
Una cosa es segura: si el proceso desclasificatorio sigue aportando rumores sin ninguna prueba más allá de antiguos documentos desclasificados llenos de tachaduras, paulatinamente irá perdiendo el interés y el apoyo del público. A menos, claro está, que la información del público general nunca haya sido el verdadero objetivo de todo este proceso.