ADN de lo imposible: La evidencia que el poder no quiere mostrar
El 16 de julio de 2026, Jaime Maussan anunció en su canal de YouTube la incorporación de Lue Elizondo a su equipo. Elizondo, el exagente de inteligencia que renunció al Pentágono en 2017 y se convirtió en una de las figuras centrales del actual proceso de desclasificación sobre los UAP, explicó su presencia en la televisión mexicana con el objetivo de incorporar a Latinoamérica al proceso. Aunque nadie lo pidió públicamente, esta colaboración parece responder a una crítica habitual de los foros: que la desclasificación se centra exclusivamente en la casuística concerniente a los Estados Unidos.
La danza de la cooptación
El momento elegido resultó, como mínimo, desafortunado. La presentación irritó visiblemente a parte de los asistentes —en especial a algunos representantes militares— y provocó un descarte casi inmediato por parte del establishment científico y mediático.
Lo llamativo es que ese descarte parece responder más a una lógica política que científica. El equipo mexicano mantiene una investigación propia, documentada en tridactyls.org, que hasta ahora no ha recibido una refutación académica formal. Esta sería bienvenida, probablemente incluso por el propio equipo mexicano, que tendría entonces la oportunidad de contraargumentar.
En los comentarios del video de presentación alguien sugiere que "Elizondo se acerca a Maussan porque él tiene las esferas de Buga". Las esferas constituyen otro caso controvertido asociado al investigador mexicano y comparten con las momias un rasgo común: la existencia de supuesta evidencia física difícil de encuadrar dentro de las categorías convencionales, aunque en este caso las condiciones menos que óptimas en que se desarrolló la investigación explican, al menos en parte, el escaso interés que ha despertado.
La alianza entre ambos podría obedecer, por tanto, a algo más que una simple convergencia de figuras polémicas. Es posible que Elizondo vea en Maussan la oportunidad de acceder a materiales físicos que considera relevantes. También es posible el movimiento inverso: que Maussan busque la legitimidad institucional que el nombre de Elizondo todavía conserva en determinados ámbitos. Ambas interpretaciones son compatibles y ninguna excluye a la otra.
La crítica más frecuente dirigida contra Elizondo es anterior a esta alianza y mucho más difícil de evaluar: que su papel dentro del proceso es la desinformación. El argumento descansa en su pasado como agente de contrainteligencia y resulta prácticamente imposible de refutar. Por su propia naturaleza, un desinformador suele mezclar en cuotas desiguales hechos auténticos y falsos. Es una pieza coronada sobre el tablero: deja de ser un peón y puede adquirir las propiedades de cualquier pieza que elija representar. Tal vez por eso Elizondo sea un personaje tan vilipendiado como fascinante. No porque sea necesariamente un desinformador, sino porque le queda bien el traje.
Más allá de esa discusión existe, sin embargo, un hecho verificable: antes de publicarse, su libro debió superar el procedimiento de revisión del gobierno estadounidense. Alguien dentro del sistema consideró que su contenido era aceptable o conveniente. Esto no demuestra que Elizondo actúe como desinformador, pero sí recuerda que no se trata de un actor completamente independiente del mismo aparato institucional al que cuestiona. En realidad, esa observación alcanza, en mayor o menor medida, a todos los protagonistas del proceso oficial de desclasificación. No se trata de un talk show donde cualquiera puede decir todo lo que sabe, sino sólo aquello que le está permitido decir.
Todo esto hace que la promesa de "incorporar a Latinoamérica" merezca ser examinada con más atención que entusiasmo.
Porque incluir no es lo mismo que cooptar.
Una verdadera inclusión supondría, entre otras cosas, la desclasificación de documentos relacionados con episodios latinoamericanos en los que Estados Unidos pudo haber tenido algún grado de conocimiento o participación, como la Operación Prato, el caso Varginha o el presunto estrellamiento de un objeto anómalo en Salta, Argentina.
Si, en cambio, la incorporación consiste únicamente en reinterpretar la experiencia latinoamericana dentro de una narrativa previamente definida en Washington, el resultado difícilmente pueda llamarse inclusión. Sería, más bien, una forma de integrar el relato sin reconocer plenamente su autonomía.
La soberanía del misterio: más allá del relato oficial
La casuística latinoamericana no necesita a Elizondo para ser válida. Además de ser rica y variada, presenta un aspecto del fenómeno particularmente original: la interacción prolongada y documentada entre personas comunes —pertenecientes a todas las clases sociales y ámbitos del conocimiento— y entidades supuestamente no humanas que, en algunos relatos, parecen interferir de manera abierta en la dinámica geopolítica de las naciones.
Frente a una leyenda como la de Valiant Thor, supuesto extraterrestre infiltrado en el Pentágono, el caso del comandante Banjú resulta especialmente llamativo. Un personaje de apariencia completamente humana que, durante seis meses, frecuentó la embajada peruana en Quito, entregó inteligencia militar verificable, exhibió tecnología imposible e invitó a varios funcionarios a abordar una nave suspendida sobre el edificio. La invitación fue declinada.
El episodio fue investigado en el terreno por el ecuatoriano Jaime Rodríguez, quien entrevistó personalmente a los testigos y reconstruyó el caso a partir de sus testimonios.
Por sí solo, el caso Banjú abre una posibilidad electrizante. Si estas entidades no humanas existen y, efectivamente, mueven los hilos detrás de escena, ¿qué papel desempeñan en el actual proceso de desclasificación? ¿Por qué se ocultan? ¿Y a qué intereses sirven?
Estas preguntas podrían parecer propias de una imaginación excesiva, alimentada por la ciencia ficción o las redes sociales. Pero entonces conviene recordar que, a comienzos del siglo XX, treinta años antes de Roswell, Charles Fort ya se hacía preguntas muy parecidas y llegaba a conclusiones sorprendentemente similares.
La idea de que nuestro planeta podría tener un propietario externo, disputado en un pasado inmemorial y administrado por poderes ocultos, constituye una de las hipótesis más originales de El libro de los condenados. Fort no disponía de ordenadores ni de inteligencia artificial. Tenía algo mucho más rudimentario: cajas de zapatos repletas de recortes periodísticos descartados por la ciencia de su época. Con ese archivo artesanal llegó, por caminos muy distintos, a formular preguntas que un siglo después siguen abiertas. Algunas preguntas tienen la virtud de unir los puntos más inesperados del espacio y del tiempo.
Arquitectos del desconcierto: jugadores en un tablero sesgado
Para entender qué significa la aparición de Elizondo en la televisión mexicana hay que mirar el tablero completo. El proceso de desclasificación estadounidense no avanza en línea recta hacia la verdad: se parece más a un campo de fuerzas donde distintos actores empujan en direcciones que no siempre coinciden.
El primero y más difícil de clasificar es Avi Loeb. Como ya analizamos en otro artículo, el astrofísico de Harvard aceptó incorporarse como asesor científico de la AARO con una lógica impecable: si los fenómenos anómalos resultan ser tecnología de una nación adversaria, habrá prestado un servicio a la seguridad nacional; si son de origen no humano, habrá participado del mayor descubrimiento de la historia. Es una apuesta donde parece imposible perder, salvo en un aspecto: la transparencia. Cualquiera sea el resultado, sus conclusiones pasarán por el filtro de una institución cuyo director anterior fue acusado de ocultar y tergiversar evidencia.
Loeb es uno de los personajes más interesantes del tablero precisamente porque su independencia intelectual está ampliamente documentada y su nueva posición la compromete estructuralmente sin que él parezca ignorarlo. Mientras tanto, sigue jugando su propio partido. En una entrada publicada el 17 de julio de 2026 en su sitio web comienza hablando de la final del Mundial antes de recordar que, durante la última década, la astronomía descubrió tres objetos interestelares mayores que un campo de fútbol atravesando el sistema solar interior: Oumama, Borisov y 3I/ATLAS.
En el otro extremo del espectro aparece J. D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, quien declaró sin rodeos que lo que otros llaman extraterrestres o seres interdimensionales son, para él, demonios en el sentido religioso. Más allá de la interpretación teológica —que dista de ser novedosa y fue explorada hace décadas por autores como Salvador Freixedo—, el problema es político. Clasificar el fenómeno como demonológico produce, en la práctica, el mismo efecto que negarlo: clausura la investigación antes de empezarla. No hay nada que investigar si uno cree saber de antemano qué es.
Cada uno habla un lenguaje distinto. La ciencia, la política y la religión parecen competir por definir el fenómeno antes de comprenderlo.
Entre Loeb y Vance, el margen para formular preguntas parece reducirse cada vez más. Sin embargo, hay una que la periodista Leslie Kean resumió con una simplicidad asombrosa: aceptando que no puede exhibirse tecnología exótica por razones de seguridad nacional, ¿qué impide mostrar evidencia biológica de origen no humano a la comunidad científica internacional?
La respuesta nunca llegó de manera oficial. Pero la lógica del propio proceso permite imaginar cuál sería. Si esos restos biológicos fueron recuperados dentro de una plataforma tecnológica clasificada, podrían heredar la clasificación de su contexto de recuperación. Un tejido orgánico dentro de una nave clasificada sería, jurídicamente, como una servilleta dentro de una caja fuerte: el secreto no reside necesariamente en el objeto, sino en el recipiente que lo contiene.
2027: la convergencia de un guión desconocido
Naturalmente, un proceso de desclasificación en el que algunas teorías conspirativas terminan encontrando respaldo documental también trae aparejadas nuevas conspiraciones. El 26 de julio de 2023, mientras el Congreso escuchaba las declaraciones más explosivas de la desclasificación UAP y la atención mediática global estaba concentrada en Grusch, la DARPA y la NASA anunciaban la adjudicación de un contrato a Lockheed Martin y BWXT para desarrollar el DRACO — Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations — la primera nave espacial de propulsión nuclear estadounidense, con fecha de lanzamiento prevista para 2027. El sitio Forgotten Languages, fiel a su estilo, aprovecha la coincidencia para sugerir que el gobierno estadounidense está utilizando deliberadamente la desclasificación UAP como pantalla para poner en órbita sistemas capaces de lanzar proyectiles o bombas nucleares sobre ciudades desde el espacio, eludiendo el escrutinio del Congreso y de la opinión pública mientras ambos tienen la vista puesta en los UAP. Aunque esta teoría, si bien original y provocativa, no puede ser tomada en serio —el proyecto DRACO fue suspendido por razones presupuestarias y burocráticas— muestra en acción un mecanismo archiconocido, empleado por los gobiernos y los medios de comunicación masivos para apartar la atención de un tema mientras el mundo mira hacia otro lado.
El autor del artículo conspiracionista se apresura a señalar que lo de las bombas atómicas sobre las ciudades “era una broma”, pero otra de sus afirmaciones podría no serlo: que el plan es hacerles creer a los congresistas en extraterrestres con el fin de que autoricen ciertos proyectos militares. Lo que sí sabemos es que 2027 — el año de lanzamiento previsto del DRACO, el año que Elizondo sugirió como fecha en que "todo quedará claro", el año del octogésimo aniversario de Roswell — concentra una convergencia argumental que difícilmente sea casual. Por momentos parece asomar o entreverse la estructura de un guión. Pero la identidad del guionista, si existe, sigue sin aparecer
El abismo entre la fe y la evidencia
David Grusch, supuestamente, presentó ante una sesión informativa privada del Congreso (una SCIF: Sensitive Compartmented Information Facility, o instalación de información compartimentada de acceso restringido) evidencia directa de ADN no humano, y al parecer esa evidencia fue tan impactante que dio origen a la redacción de la UAPDA (Unidentified Anomalous Phenomena Disclosure Act, o Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados). Nadie puede confirmar si esto es verdad. Lo que sí podemos observar es lo que implica si lo fuera.
Si existe evidencia biológica suficientemente impactante como para convencer al Congreso en privado, entonces la pregunta de Leslie Kean — por qué esa evidencia no puede mostrarse a la comunidad científica internacional — adquiere una dimensión que va más allá de la seguridad nacional. Muchas veces los periodistas hábiles hacen preguntas cuya respuesta conocen de antemano, solo para dejar en evidencia al interlocutor. Leslie Kean es una periodista hábil. Y el estridente silencio por parte del estamento oficial revela una asimetría que el proceso de desclasificación no ha querido nombrar.
Existe una clase de verdad que circula dentro del poder — en los SCIF, en las sesiones informativas privadas, en los briefings clasificados — y una clase de verdad que se suministra a la ciudadanía a través de audiencias públicas, denunciantes con libros autorizados por el gobierno y figuras de credibilidad variable. Las dos no son la misma verdad. Y los congresistas convencidos no son prueba irrefutable para nadie que esté afuera del SCIF: son funcionarios que afirman haber visto algo que no pueden mostrar, lo cual los coloca en la misma posición que cualquier testigo de contacto cuya experiencia tampoco puede verificarse desde afuera.
Un proceso de desclasificación que produce convicción privada sin evidencia pública verificable no es desclasificación. Es una redistribución selectiva del secreto hacia arriba en la jerarquía del poder.
